Cuando todo pasa en la sala de clases

Prof. Paulo Suazo S., Subdirector de Educación CICE

En los últimos días, discutir sobre lo que pasa en nuestras escuelas ha vuelto a instalarse con fuerza en nuestra cotidianidad. Es fácil hablar de violencia escolar, de buenos o malos resultados académicos y de cómo se regula el uso de la tecnología en el aula pero, no se puede dejar fuera a un actor que, aunque siempre presente, pocas veces ocupa el centro del análisis: el profesorado.

Hoy, ejercer la docencia en Chile, se ha vuelto mucho más difícil, implica mucho más que enseñar contenidos. Profesores y profesoras —como quienes enseñamos Ciencias— ya no sólo planificamos clases, explicamos conceptos y evaluamos aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes, también mediamos conflictos, regulamos el uso de celulares, contenemos emocionalmente a nuestros niños y niñas y nos toca aplicar marcos normativos que inciden directamente en la vida escolar. Algunas de estas políticas son conocidas. La Ley Aula Segura permite actuar frente a hechos graves de violencia, mientras que el Decreto 67 impulsa una evaluación más formativa y diversificada. Ambas buscan mejorar el sistema, pero su implementación ocurre en un mismo lugar: el aula.

Los datos nos ayudan a dimensionar este escenario. Según la Superintendencia de Educación, en 2023 se registraron más de 15.000 denuncias por convivencia escolar. A su vez, reportes del Ministerio de Educación indican que más del 60% del profesorado declara altos niveles de estrés laboral. En paralelo, estudios de la Agencia de Calidad de la Educación muestran que entre un 50% y un 70% de los estudiantes reconoce usar el celular durante la clase.

Ahí es donde todo converge. Se nos pide promover aprendizajes significativos, pero en contextos donde la atención es fragmentada. Se nos exige evaluar de manera continua y diversificada —como propone el Decreto 67—, pero con cursos numerosos y tiempos limitados. Diversificar implica conocer a cada estudiante, retroalimentar procesos y ajustar la enseñanza, algo que no siempre cuenta con las condiciones necesarias.

Desde dentro, en nuestra aulas, estas demandas se viven como una acumulación constante. La clase deja de ser solo un espacio de enseñanza y se transforma también en un espacio de mediación, regulación y contención. Muchas veces, la prioridad ya no es desarrollar un contenido, sino lograr que la clase funcione.

Aun así, profesores y profesoras seguimos buscando formas de motivar a nuestros estudiantes y sostener procesos de aprendizaje. Sabemos que nuestra tarea es difícil, pero necesaria: comprender y entender a quienes están en la sala. En muchos casos, la escuela es también un espacio seguro. Para algunos, incluso el único.

Sabemos quién diseña las políticas públicas. El problema no está ahí. El problema es que sus efectos se viven en el aula, donde convergen la evaluación, la convivencia, la tecnología y las expectativas del sistema. Tal vez la reflexión no pasa por cuestionar las políticas en sí, sino por mirar con mayor atención ese espacio donde cobran vida. Porque es en la relación cotidiana entre profesores, profesoras y estudiantes donde finalmente se juega el sentido de la educación. Y ahí, más que nuevas exigencias, lo que muchas veces se necesita son condiciones para que enseñar (y aprender) vuelva a ser el centro.